Consulta recurrida

Anunció la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, que éste recurrirá al Tribunal Constitucional la consulta convocada por el Ejecutivo de Canarias en relación con las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago, convocada para el 23 de noviembre. El Consejo de Estado, como órgano consultivo del Gobierno central, aprobó previamente el dictamen favorable al recurso del Ejecutivo estatal contra la consulta canaria sobre las prospecciones. La impugnación por el Gobierno central de un decreto o una ley aprobada por una comunidad autónoma ante el Tribunal Constitucional puede acarrear, si el Ejecutivo así lo solicita, como ocurre en este caso, su inmediata suspensión por un plazo de cinco meses. La respuesta del Estado es contundente. Muestra en sí misma la reiterada obviedad de que el Gobierno del Partido Popular (PP) viene obrado de forma unilateral, aislada, en contra del criterio del más amplio y conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Autonómico de Canarias y del Parlamento Español, haciendo prevalecer los intereses de una empresa privada sobre los intereses generales de la población. Una ciudadanía que volvió a salir a la calle a expresar en distintos puntos del Archipiélago su negativa a la extracción de hidrocarburos en aguas cercanas a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, unas operaciones intrínsecamente vinculadas a factores de riesgo del todo inasumibles para la población y para los intereses fundamentales de las Islas Canarias. Y es que ante la irrefutable evidencia de asistir a la culminación de un proceso administrativo protagonizado por la sistemática falta de transparencia y cooperación, y de incomprensible provocación. Ante el profundo y constatado temor que estas operaciones entrañan para cientos de miles de personas de la sociedad canaria en su conjunto en particular y del resto de la población española en general. Y constatado asimismo que este litigio evidencia la vulneración de los valores más esenciales de la democracia española, al desoír desde hace 13 años y de forma sistemática a la población de las islas y de sus instituciones públicas, los canarios, de manera especial, lanzaroteños y majoreros, continúan alzando la voz contra las acciones de la petrolera Repsol. No han sido movilizaciones menores como se han encargado de indicar, ha sido una vez mas la fuerza de la unión que se mantiene firme en el enérgico rechazo al “piche”. La consulta no es entendida por los canarios como el mero capricho de un presidente regional en sus últimas horas, sino como la oportunidad de reivindicar el respeto íntegro a la democracia en Canarias y en el resto de España, de retirada definitiva de las prospecciones petrolíferas frente a las islas, y abogar por la trasformación urgente de un modelo energético sustentado por energías limpias, renovables, y de ineludible función y beneficio social.