Las ruinas de la polémica

Arrecife suspende de nuevo las licencias de derribo de edificios históricos hasta la aprobación el Plan General y reabre el debate sobre la necesidad de proteger estos inmuebles

El debate está en proteger o derribar. El catálogo municipal de bienes patrimoniales con el que cuenta Arrecife ha terminado por convertirse en el escollo con el que se topan prácticamente todas las corporaciones que pasan por el Ayuntamiento y al que ninguna sabe poner solución. Mientras tanto pasan los años y la imagen de la capital habla por sí sola. La incongruencia es tal que el documento recomienda incluso proteger lo que ya no existe. A estas alturas, la lógica recomienda avanzar y modernizar la ciudad pero se sigue dando largas. 

Hace unas semanas se supo que el Ayuntamiento ha vuelto a suspender por otros cuatro meses las licencias de derribo concedidas sobre edificios antiguos de la capital. En concreto lo que acordó la Junta de Gobierno local fue “incoar expedientes de revocación” de las licencias, lo que conllevaría su anulación. La decisión se tomó argumentando que se estaba tramitando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), actualmente en fase de aprobación inicial, que incluirá un catálogo arquitectónico. “El Ayuntamiento entiende que esas viviendas tienen unos valores que hay que proteger y vamos a seguir protegiéndolas cuatro meses más”, ha explicado públicamente el concejal responsable del área, José Montelongo. En agosto del año pasado ya se había decretado la suspensión por seis meses para unas licencias que se concedieron en el año 2005 y que se han ido suspendiendo por la tramitación de nuevos catálogos y de los planes generales. Antes, el Tribunal Supremo anuló el catálogo arquitectónico aprobado en 2008 que incluía unos 70 bienes, entre inmuebles y espacios como el pasaje del “Aguaresío” en zona del Charco de San Ginés. Ahora, con este nuevo decreto, el Ayuntamiento evita el derribo de edificaciones históricas pero que hoy en día se encuentran en muy mal estado, entre ellas, una casa en la Plazuela que fue cuartel de la Guardia Civil y es la única edificación en pie del siglo XVIII que queda en la ciudad; la Librería Lasso en la calle Fajardo y una casa en la calle Luis Morote. Y he aquí la polémica. Para muchos no hay razón ni criterios  para pretender proteger edificios que a estas alturas, víctimas del descuido y el desuso, no tienen ya ni el más mínimo valor patrimonial. Más bien se encuentran en una situación de fragilidad tal que el peligro de derrumbe es constante poniendo en riesgo la seguridad del transeúnte. En los tres casos citados los propietarios ya habían instado el derribo al Consistorio capitalino y consideran que la decisión municipal supone un atropello al fallo del alto tribunal que se manifestó anulando el catalogo municipal.

Frenazo al inversor
La determinación del Ayuntamiento choca no solo con propietarios, que tienen un derecho adquirido, sino que también la mayor parte de la ciudadanía expresa su descontento con la imagen que se ofrece de la ciudad. Y  es que la opinión general considera que la demolición es la opción más acertada, máxime cuando muchos de estos inmuebles se han convertido en ruinas que afean y deshumanizan la ciudad. De un tiempo a esta parte estos edificios se encuentran rodeados de vallas y señalizaciones que advierten de su peligrosidad, incluso algunas de las cornisas de estas viejas casas se cae a pedazos a cada paso que dan los arrecifeños y turistas que transitan por la zona en la que se ubican.  La mayor parte de la sociedad entiende que compete a los dueños de cada vivienda fijar cuál será el futuro del inmueble, por supuesto respetando las normas urbanísticas del punto donde esté emplazada la misma y es por ello que piden respuestas al Consistorio. Proteger y aplicar políticas encaminadas a recuperar y resaltar el valor arquitectónico y patrimonial de una ciudad es tarea de los gobernantes y no es discutible, pero qué ocurre cuándo el edificio en cuestión ha perdido todo su valor y atractivo. En este caso, la vía pasa por el consenso entre las administraciones y los propietarios. Al Ayuntamiento le toca velar por el cumplimiento de la norma que obliga a mantener y conservar los valores patrimoniales de una ciudad y no permitir la dejación y desidia de los propietarios. Bien distinto es pretender conservar ahora lo que no se cuidó durante años. A estas alturas determinados edificios históricos han perdido no solo su interés arquitectónico, sino que además apenas aportan culturalmente. Se desprende de esta situación un frenazo real a la posibilidad de renovar y mejorar la cara de Arrecife, ya que la mayor parte de los dueños no prevén rehabilitar y solo esperan se les conceda el derribo que han solicitado. Sin duda la inversión a realizar en cualquiera de los casos superaría la idea de rentabilizar los trabajos.

El catálogo de la discordia
El catálogo municipal de bienes patrimoniales con el que cuenta la capital de Lanzarote fue aprobado en verano de 2008 e incluye un listado de setenta edificios a proteger. Ahora bien, el propio documento que marca en qué sentido se debe cuidar la ciudad y qué acciones deben permitirse a sus dueños resulta que propone defender espacios que son inexistentes. Dentro del listado viviendas supuestamente protegidos figura uno que ya solamente es un solar, otro cuya fachada ha sido derribada y un tercero cuyo futuro está pendiente de un pleito judicial. Los tres se encuentran en la Calle Real y simbolizan o más bien, simbolizaban, parte del pasado capitalino tal y como expresó en uno de sus trabajos el periodista Gregorio Cabrera. Según el área de Patrimonio del Cabildo Insular la demolición de estos inmuebles podría resultar “nula de pleno derecho” por los errores cometidos en el proceso. De ahí, que la actuación sea perseguible y sancionable. La incongruencia del propio documento es la prueba palpable de cómo se ha actuado en los últimos años.

Tras la anulación, un nuevo trámite
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló en primera instancia el anterior Catálogo Arquitectónico municipal  de Arrecife en verano del pasado ejercicio, cuando el Tribunal Supremo rechazó el recurso que había presentado el Ayuntamiento contra el anterior fallo. Los trámites para aprobar ese Catálogo se iniciaron bajo la Alcaldía de María Isabel Déniz y culminaron en el pasado mandato, bajo gobierno del pacto entre el PSOE y el PIL. Concretamente, la Justicia anuló el acuerdo plenario de julio de 2008, por el que se aprobó definitivamente este documento, dando así la razón a uno de los propietarios. El Tribunal anuló el Catálogo al entender que no se cumplió el procedimiento establecido para tramitarlo. La sentencia subraya que había incluso “informes jurídicos críticos” con el procedimiento que se estaba llevando a cabo para la elaboración y aprobación de este documento. Posteriormente, de que la sentencia fuera ratificada por el Supremo, el Pleno de Arrecife adoptó un acuerdo en agosto, declarando todos los inmuebles incorporados al Catálogo Municipal de 2008 como parte del proyecto de nuevo catálogo que se encuentra en tramitación, y suspendió hasta su aprobación definitiva la concesión de licencias de demolición y de obras en esos inmuebles. Según el concejal de Urbanismo, José Montelongo, el catálogo ya está culminado pero se debe aprobar junto con el Plan General.